Ciudad Juárez, y en general el país, enfrentan un paradójico escenario de guerra que en el futuro inmediato se antoja irreversible para mayor desgracia nuestra: en una de sus caras ha rebasado un grado de violencia que sólo habíamos visto por televisión en países como Colombia, Afganistán o Irak, mientras que en el lado opuesto la defensa –por llamarla de algún modo– que plantea el Estado a través de sus gobiernos de los tres niveles no sólo continúa lineal, sino en algunos casos hasta apática frente al avance contrario, y su mejor arma hasta el momento han seguido siendo las declaraciones.

Ninguna guerra se gana con palabras o con hacer mutis ante los embates de los adversarios, aun cuando los gobiernos federal, estatal y municipal así lo transmitan con sus hechos a los afligidos, aterrorizados ciudadanos.

El inédito atentado perpetrado el jueves pasado dejó de lado la salvaje lucha del enfrentamiento de unos contra otros a base de armas de alto poder, para subir escalones en la escala de la confrontación entre los grupos delictivos en pugna y de éstos contra las fuerzas oficiales.

El ataque que arrojó un primer saldo de tres muertos y varios heridos fue planeado, premeditado y con objetivos específicos, y en su realización se utilizaron elementos bélicos –en este caso los explosivos detonados a distancia por medio de un celular–, que muestran ya otras connotaciones en la guerra que se libra en esta ciudad desde hace dos años y medio.

El diario El País de España manejó una nota de la agencia Reuters, cuyos reporteros consignaron información de las fuentes directas que se encargan de la investigación de este atentado, las cuales afirman que “el ataque ha subido el grado de violencia a un nivel que no conocíamos en México… Lo que estamos viendo es con lo que se enfrentan los militares en Afganistán o Irak”, lo cual concuerda con la percepción, no desligada de terror, que se han formado la mayoría de los juarenses.

Aun cuando las matanzas que se han sucedido a lo largo de estos dos años y medio en esta frontera ciertamente habían imbuido el miedo entre los fronterizos –que han tratado de autodefenderse huyendo de la ciudad, cerrando sus fraccionamientos, dejando de salir por las noches, entre otras prácticas desesperadas por resguardar su integridad–, hasta el jueves el objetivo notorio mostrado por los grupos del narco había sido el exterminio de sus contrarios, incluidos decenas de elementos policiacos, ligados o no con esas mafias, así como el cobro de vidas de numerosos inocentes que en su mayoría habían sido muertes circunstanciales.

Sin embargo, el propósito específico de la agresión del jueves fue ocasionar las muertes de los agentes federales atraídos con un señuelo, pero también el de infundir el miedo entre la corporación y, sobre todo, entre la población fronteriza, según se desprende de las declaraciones obtenidas de Jesús Armando Acosta Guerrero, “El 35”, el líder operativo de La Línea, brazo armado del Cártel de los Carrillo Fuentes, detenido ese mismo día.

Nada les importó a los autores del asalto del jueves que murieran por igual policías y civiles, como de hecho ocurrió.

De la barbarie de las matanzas cotidianas, en Ciudad Juárez hemos pasado al umbral del narcoterrorismo premeditado, ese que tiene la intención de inducir el terror en la sociedad y utilizar ese miedo para tratar de alcanzar sus fines, por más que el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quiera negarlo metiéndose en disquisiciones semánticas que no vienen al caso, en un afán de lanzar cortinas de humo para esconder la ineficiencia que han tenido hasta el momento la dependencia a su cargo, así como todo el gabinete de seguridad federal que no ha podido detener esta avalancha que cada vez es más destructiva.

Lo peor de todo es que, independientemente de que quienes lo dicen son delincuentes, éstos aseguran que actos como el del jueves volverán a ocurrir, con lo que consiguen uno de sus propósitos que es el de mantener a la sociedad juarense en el vilo de que sus vidas están en peligro por donde menos se lo esperan.

Mas no sólo los malhechores están advirtiendo de la repetición de sucesos como el comentado, sino el mismo jefe de la Quinta Zona Militar, quien dijo que un asunto grave es que este evento puede volver a ocurrir, por lo que urgió a la población a mantenerse alejada de hechos violentos, lo cual se torna en una advertencia estéril porque pedirle lo anterior a un juarense es como solicitarle que mejor se vaya de la ciudad, puesto que por doquier se registran estos actos violentos.

Lo más evidente dentro de este aterrador escenario es que ante el grito de desesperación que al unísono lanzan los habitantes de la ciudad por esta escalada inédita, las autoridades demuestran que no tienen una respuesta que pueda atemperar su consternación.

Chávez Chávez se pierde en dar explicaciones que corresponden a los sociólogos sobre el origen de la violencia en Juárez, en lugar de decir que va a tomar este toro por los cuernos.

Al presidente Felipe Calderón parece que ya se le volvió a olvidar la existencia de Ciudad Juárez después de que pasaron las elecciones locales, por lo que ahorita está más concentrado en resolver la crisis política que se le vino encima con sus cambios en el Gabinete y tras las derrotas sufridas por su partido en los comicios recientes. A lo lejos se escucha el eco de todas aquellas promesas que ofreció a los juarenses durante sus repetidas visitas de febrero y marzo, cuyos resultados cualquier fría evaluación podría poner en evidencia.

Incluso, ha permanecido sordo al reclamo constante de los empresarios locales que desde sus giras de principios de año le solicitaban un paquete de incentivos fiscales para poder salir adelante de la crisis ocasionada por la conjunción de desaceleración económica e inseguridad.

En cambio, sí se los concedió, primero a los habitantes de Mexicali después del sismo de abril, así como también a los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, recientemente afectados por el huracán Alex.

No les falta razón a los representantes de los sectores productivos locales, quienes cuestionan que se le haya negado ese apoyo a Juárez que, si bien no ha enfrentado un desastre natural como las regiones citadas, sí padece una devastación social peor que la que pudiera presentarse tras una de esas tragedias.

Ahora bien, el encargado de la estrategia aplicada en Ciudad Juárez desde hace más de dos años, Fernando Gómez Mont, ya no colabora con Felipe Calderón. Y si bien el ex secretario de Gobernación reconoció públicamente hace dos semanas que la política seguida por el Gobierno federal para enfrentar al narcotráfico había fracasado y, por tanto, era necesario consensuar con las fuerzas políticas un nuevo esquema, su sucesor José Francisco Blake ha llegado con malas noticias.

Las primeras declaraciones que hizo Blake Mora a un medio del Distrito Federal no son bien recibidas en Ciudad Juárez. Al hablar con El Universal, el nuevo titular de Gobernación aseguró que su llegada al Gabinete no significa que la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada se vaya a modificar.

La estrategia de seguridad y contra el crimen organizado está definida por el Ejecutivo, por tanto, “no ha cambiado ni cambiará”, dijo el subsecretario Roberto Gil Zuarth a la prensa luego del primer encuentro con Blake Mora, quien mas tarde lo confirmó.

Ayer, en un evento público, pidió a las instituciones y a los mexicanos no bajar la guardia ante el narco para recuperar la tranquilidad en todo el país. ¿Es eso lo que debemos esperar de quien tiene en sus manos la coordinación de la guerra contra el crimen organizado?

No en vano, la mayor parte de los analistas políticos han coincidido en el hecho de que el nuevo funcionario encargado de la política interior del país es una persona de bajo perfil que seguirá al pie de la letra las indicaciones del presidente Felipe Calderón, una persona diferente a Gómez Mont, quien no le decía sí en todo al primer mandatario.

El politólogo José Antonio Crespo agrega que con Blake al frente de Segob, ahora la política se va a hacer desde Los Pinos, por lo que a él le delegará el tratar de coordinar el acuerdo para la seguridad pública, mientas que Calderón se encargará de impedir que el PRI regrese a gobernar a Palacio Nacional. Siguen las malas noticias para los juarenses.

Del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, no hemos vuelto a saber en esta ciudad desde la última vez que acompañó a Felipe Calderón, si bien la Policía Federal que tiene a su cargo la seguridad de Ciudad Juárez depende directamente de esta entidad federal. Y ya sabemos cómo se las ha gastado esta corporación en esta frontera, con elementos que, además de ser pasto para el crimen organizado, algunos no se han dedicado precisamente a enaltecer su actividad sino que detienen, golpean y estafan a ciudadanos comunes para luego irlos a tirar a zonas retiradas de la ciudad.

La autoridad estatal está prácticamente desaparecida de Juárez, aun cuando tenga un representante local. A pesar de la gravedad del atentado del jueves, ni el gobernador del Estado ni la procuradora, mucho menos el secretario de Seguridad Pública estatal han mostrado un interés particular por apersonarse en esta comunidad. Al parecer les interesan más sus vacaciones que darles aunque sea palabras de consuelo a los fronterizos. Como se hallan con un pie en el estribo, a dos meses y medio de retirarse del poder, su inacción parece indicarnos que lo único que les interesa es irse lo más pronto posible, aunque hayan sido electos y designados para trabajar hasta el último minuto de su mandato.

A su vez, el alcalde Reyes Ferriz parece que ha aprovechado la situación desastrosa que vive nuestra ciudad para viajar por el extranjero exponiendo realidades que no son las que se padecen aquí.

Así que, como lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo: pobre Juárez y pobres de los juarenses, porque sus autoridades de todos los niveles no están respondiendo a la altura de las cada vez mayores exigencias del crimen organizado.

No nos extrañe, en ese contexto, que la ciudadanía tenga que asumir la práctica de la justicia por su propia mano, como lo ha venido demostrando la señora Marisela Escobedo, mamá de la adolescente asesinada Rubí Marisol Frayre.

De la mayoría es conocido el hecho de que un tribunal oral exoneró al homicida a pesar de las pruebas existentes en su contra. Si no es por la presión ejercida por la insistente Marisela Escobedo, la justicia estatal no hubiera acelerado la celebración de un juicio de segunda instancia en el que sí fue declarado culpable el asesino de su hija.

Desgraciadamente y ante el primer resultado judicial, el criminal Sergio Rafael Barraza pudo escapar tranquilamente por lo que el segundo juicio tuvo que celebrarse con él como prófugo. A partir de allí, Marisela se ha encargado de investigar por su cuenta, y por lógicas pesquisas dio con el paradero de Barraza en el lugar donde fue detenido la primera vez, en Fresnillo, Zacatecas, pero por cuestiones burocráticas el asesino pudo huir de nuevo.

Es lamentable que los ciudadanos tengan que trabajar por su cuenta para enfrentar la impunidad o que la presión ejercida por familiares de víctimas sea el motor que impulse a las autoridades a cumplir con su función. Porque es una verdad inobjetable que si Marisela Escobedo no hubiera hecho circo, maroma y teatro, su caso aún dormiría empolvado en algún archivero del aparato judicial.

Otro aspecto cuestionable que permanece en la mira de la opinión pública es la insistencia del grupo delictivo La Línea, que a través de diversos medios ha sembrado desde hace meses la duda sobre el concubinato entre alguna porción del Gobierno federal y el cártel de Sinaloa que comanda “El Chapo” Guzmán.

De hecho, detrás del atentado del jueves apareció la correspondiente pinta en la que se atribuyeron la agresión junto con la advertencia de que seguirán haciéndolo contra los que apoyan al cártel mencionado.

En espacios anteriores hemos hecho referencia a las diversas menciones públicas que se han difundido en torno a esta posible vinculación, entre ellas las de prestigiados medios de comunicación como The Economist, de Inglaterra, así como la agencia noticiosa Associated Press y la propia radio pública de Estados Unidos, basados en testimonios de fuentes militares y policiacas de nuestro país.

Si existe ese involucramiento entre representantes del sector federal y el citado grupo del narcotráfico, no lo sabemos, pero sería terrible que así fuera por las graves implicaciones que lo anterior representa para la estabilidad del país, y de manera particular, para la anhelada paz que los juarenses desean.

Como vemos, desde cualquier ángulo que se le quiera mirar, la situación para nuestra frontera en vez de tender a mejorar cada vez se hunde más. En estos momentos estamos prácticamente, como decían nuestras abuelas, en las manos de Dios, de la Policía Federal que no da los resultados esperados, pero sobre todo de los aguerridos grupos delictivos que con sus acciones más sanguinarias y planeadas, demuestran que están más allá de la fallida estrategia oficial para combatirlos.

Es hora de mirar hacia otros lados en busca de la ayuda que aquí no podemos encontrar…